En cuanto al debate que se ha generado por
las fiscalizaciones a los médicos que emiten licencias médicas, resulta valioso
profundizar en los problemas de fondo relativos al uso fraudulento que se hace
de este importante instrumento sanitario.
En primer lugar, es importante recordar que,
si bien la emisión de una licencia sin fundamento constituye una falta para el
emisor, lo es también el uso de este instrumento por parte del receptor. En
efecto, los datos indican que las personas normalizan la utilización de este
permiso para resolver un variado tipo de conflictos personales, laborales o
sociales. A ello contribuye la generosidad del subsidio asociado, el que este
sea renovable casi indefinidamente, que no haya una supervisión o involucramiento
mayor de los empleadores y que las normas no consideran sanciones o
consecuencias que permitan desincentivar estos comportamientos.
Asimismo, la evidencia muestra que los
trabajadores que no tienen días de carencia ni tope en el monto recibido (sector
público), así como menor fiscalización (Fonasa) hacen un mayor uso de este
instrumento, sin que existan razones sanitarias.
Por todo lo anterior, urge avanzar en medidas
como: i) instalar una primera revisión en Fonasa, considerada en un proyecto de
ley en discusión, ii) definir “temporal”, dado que el subsidio está asociado a
incapacidades temporales, iii) revisar los montos subsidiados, para incentivar
el retorno al trabajo y desincentivar su uso para resolver otros problemas,
considerando una reducción gradual, como ocurre en la mayoría de los países.
Abordar el creciente gasto en subsidios por
licencias médicas, especialmente en contextos de estrechez financiera, es
esencial, pero requiere una mirada integral. Existen varias propuestas sobre la
mesa que deben ser consideradas e incorporadas en las reformas en
discusión.
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