El reciente informe emitido por la Contraloría General de la República, que
reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras
se encontraban con licencia médica, no solo genera indignación por los $11.800
millones comprometidos. Más grave aún, deja al descubierto una falla
estructural en los mecanismos de control y una preocupante carencia de cultura
organizacional dentro del aparato estatal.
Situaciones de esta naturaleza exigen una respuesta categórica por parte
del Estado, mediante el fortalecimiento de los procesos de fiscalización y la
promoción de una cultura basada en la integridad y la responsabilidad.
El ausentismo laboral, especialmente cuando obedece a licencias médicas
injustificadas o derechamente fraudulentas, constituye un problema de alto
impacto. En el ámbito público, ello se traduce en una merma significativa en la
calidad de la atención ciudadana, retrasos en la tramitación de servicios,
sobrecarga para otros funcionarios y, lo más delicado, una creciente desconfianza
hacia las instituciones y el sistema de salud.
En el sector privado, el fenómeno del ausentismo, intensificado tras la
pandemia, ha sido enfrentado con determinación. Tras el COVID -19 hubo un
promedio de 35,4 días de inasistencia por trabajador en 2022, esto según la
Dirección de Presupuestos (Dipres) de Chile. El aumento se refleja en un
incremento sustancial en comparación con los niveles pre-pandemia, llegando a
un 27%, de hecho, en 2024 las licencias fraudulentas emitidas por médicos
irregulares han demostrado tendencia a la baja. Solamente un dato: en enero de
2023 el porcentaje de licencias con datos de médicos irregulares alcanzaba
el 13,6%, mientras que en enero de 2024 esta cifra, bajó a 11,3%.
Desde el sector privado hemos comprobado que sí es posible reducir el
ausentismo de forma significativa, con soluciones tecnológicas y metodologías
de análisis predictivo que permiten identificar de forma oportuna conductas
irregulares. Combinadas con estrategias disuasivas, estas herramientas han demostrado
ser efectivas en la reducción de ausencias injustificadas, fomentando una
gestión más eficiente, transparente y sostenible en el tiempo.
Esperamos que este caso marque un punto de inflexión. Pero no basta con la
indignación ciudadana: se requiere una revisión profunda del sistema, la
identificación de responsabilidades y la aplicación de sanciones ejemplares.
Solo así será posible restituir la confianza en el servicio público y en la
seriedad de nuestras instituciones.
0 Comentarios