El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Daniel Lilayú, anunciaron
que solicitará al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que se querelle contra
los más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país mientras se
encontraban con licencia médica. Además, comunicó el envío de un oficio a la
Contraloría General de la República para que inicie los sumarios
correspondientes y se identifique a los responsables.
La información fue revelada por la propia Contraloría, tras un cruce de
datos entre la Policía de Investigaciones (PDI), las bases de datos de
funcionarios públicos, y los registros de licencias médicas emitidas entre 2023
y 2024. El estudio detectó más de 35.585 licencias presuntamente irregulares,
con un promedio de reposo de 17,7 días. Un 69% de ellas corresponde a usuarios
de Fonasa y un 31% a Isapres.
Al respecto, el diputado señaló que “es inaceptable la falta de control
en los organismos públicos. Estamos hablando de 25 mil personas que utilizaron
licencias médicas para salir del país, muchas veces con pleno conocimiento de
sus jefaturas. Esta es plata de todos los chilenos. El 60% de estas licencias
las financia Fonasa, con fondos que deberían destinarse a intervenciones
quirúrgicas o tratamientos para personas en listas de espera. Esto es un fraude
al Estado y debe tener consecuencias civiles y penales. No podemos seguir
financiando vacaciones con recursos públicos.”
A su vez, el diputado Daniel Lilayú sostuvo que “aquí hay un abuso
grosero. Se trata de funcionarios públicos que, usando licencias
presumiblemente fraudulentas, viajaron fuera del país. Es un robo a los
recursos de todos los chilenos, y además daña profundamente la fe pública. Pero
también hay que investigar a quienes emitieron esas licencias médicas. No puede
haber impunidad.”
En la misma línea, el representante del distrito 25 subrayó que “esto es
gravísimo. Estamos ante un uso indebido de un instrumento público como son las
licencias médicas, por parte de personas que deberían dar el ejemplo. Mientras
tanto, hay chilenos realmente enfermos que no tienen acceso a licencias, o
deben esperar meses para que se las paguen. Aquí no puede haber tolerancia. Los
responsables deben asumir las consecuencias y devolver los recursos mal
utilizados.”
Para finalizar, el parlamentario gremialista también llamó al Ministerio
de Hacienda a tomar medidas para recuperar los recursos defraudados, y anunció
que impulsarán una revisión al sistema de emisión y fiscalización de licencias
médicas para impedir que se repitan estos hechos.
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