Legislador apuntó a que la calidad de
migrante irregular “no es un obstáculo para obtener diferentes beneficios
estatales y de seguridad social”, lo que debe ser regulado.
El diputado de la UDI, Daniel Lilayú, presentó
un proyecto de ley para impedir el acceso a beneficios estatales en el caso de
extranjeros en condición irregular, de manera de desincentivar el ingreso a
territorio nacional por pasos no habilitados, aumentando las exigencias para la
obtención de prestaciones sociales y la inscripción en el Registro Social de
Hogares.
De acuerdo con el último informe sobre
migración en Chile, entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas y el
Servicio Nacional de Migraciones, la población extranjera en situación
irregular, entre 2018 y 2023, pasó de 10.375 a 336.984 personas, lo que
representa un crecimiento de más del 3.000%. Así, dicha población, en relación
con el total estimado de extranjeros en el país, alcanzó el 6,7% a fines de
2021, llegando al 17,6% en 2023.
Por tal motivo, el legislador explicó que el
impacto de la migración irregular en materia de seguridad “obedece
principalmente a que se desconocen los antecedentes de quienes ingresan por
esta vía. Como país, disponemos de información individual de cada extranjero
únicamente cuando efectúa la autodenuncia para luego someterse al control
biométrico”.
“Como resultado”, continuó, “el fenómeno
migratorio en dichas circunstancias ha propiciado el ingreso de integrantes de
organizaciones criminales -como el Tren de Aragua-, el aumento de la violencia
en la delincuencia común y la incorporación de nuevas modalidades delictuales
que no estaban previstas en nuestra legislación”.
En ese sentido, Lilayú afirmó que la calidad
de migrante irregular “no es un obstáculo para obtener diferentes beneficios
estatales y de seguridad social. En el área salud, por ejemplo, basta con
inscribirse en un consultorio o Cesfam para acceder a todas las prestaciones y
formar parte de Fonasa, ya que por la sola inscripción se le genera un RUT”.
“Las excepciones a recibir beneficios estatales
son pocas”, aseguró el diputado gremialista, junto con agregar que hay “dos
aspectos que permiten la obtención de beneficios sociales en el caso de
extranjeros en condición irregular”.
“En primer término, la facilidad con que se
otorga el Rol Unificado Nacional (RUN) provisorio, bastando hacer el trámite de
enrolamiento en el Registro Civil, a lo que se suma que la Política Nacional de
Migraciones les permite optar a Residencia Temporal por la vía de la
Reunificación Familiar, o bien, del Arraigo Laboral, lo que facilita la
regularización a pesar de lo señalado de manera expresa en la Ley de Migración
y Extranjería, lo que debe ser desincentivado”, finalizó Lilayú.
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