En medio de la tramitación de la Ley de
Presupuesto 2025 este martes, la Cámara de Diputados aprobó por 81 votos a
favor, 35 en contra y 4 abstenciones, una norma que obliga al Presidente de la
República, ministros y subsecretarios a someterse de forma obligatoria y
semestral a un test de drogas, de igual manera a cómo ya se realiza en la
Cámara Baja. Sin embargo, el diputado por el Distrito 25, Daniel Lilayú (UDI),
lamentó que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, haya pedido reserva de
constitucionalidad a la mencionada norma, lo que a juicio del parlamentario se
traduce en que el gobierno “se quiere negar a someterse a este examen”.
“En pos de la trasparencia y de una forma de
dar una señal clara en el combate contra el narcotráfico, es que hemos
impulsado esta norma que sólo busca saber qué autoridades, sin es que existe
alguna, en consumidor de drogas”, explicó el legislador.
Para Lilayú, el realizarse el test de drogas
por parte del Presidente, sus ministros y subsecretarios, tiene como objetivo
“que nadie que esté en una posición de tanta importancia dentro del Estado, se
vea influenciado en su toma de decisiones por motivo del narcotráfico”.
“Desde hace ya un par de años”, continuó el
parlamentario, “todos los diputados y diputadas estamos obligados a realizarnos
un test similar, que nos ha permitido despejar dudas con respecto al consumo de
estupefacientes, a pesar del intento de algunos legisladores de judicializar
esta medida, e incluso se han negado a realizarse el test”.
“La ciudadanía se merece saber si quienes
están a cargo de ejecutar las políticas públicas del país, son consumidores de
drogas”, reafirmó Lilayú, junto con indicar que “la señal debe ser clara y
contundente, en cuanto a que en la política no puede ni debe haber espacio a
las drogas”.
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