Importante convenio de
colaboración se firmó, lunes 3 de junio, entre la Secretaría Regional
Ministerial de Bienes Nacionales Los Lagos, liderada por la Seremi Paula
Catalán Pérez y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Los Lagos,
encabezado por Marcela Urbano, el cual busca establecer un marco de cooperación
entre ambas instituciones, que permita la captación, el ingreso y la
tramitación de 350 solicitudes de regularización de título para familias y
comunidades indígenas de la región.
“Estamos celebrando la
renovación del convenio que Bienes Nacionales tiene con Conadi. Llevamos ocho
años, y esta renovación es muy importante porque son 150 millones que Conadi
transfiere directamente a Bienes Nacionales para sumar 350 casos más a los
1.700 títulos de dominio que Bienes Nacionales ha hecho a las familias y
comunidades”, señaló la seremi Paula Catalán Pérez.
La autoridad regional
agregó además que, “en los seis años pasados de convenio ya se han transferido
más 660 millones de pesos”, a lo que se suman los 150 millones proyectados en
dos años de trabajo, haciendo un total de ocho años de trabajo ininterrumpido
entre estas dos instituciones de Gobierno, mediante ya seis convenios firmados
con anterioridad.
Asimismo, Marcela Urbano,
directora regional de Conadi, sostuvo que “hemos tenido una importante
colaboración de Bienes Nacionales para ir avanzando en temas de tierras hacia
las comunidades indígenas, y este convenio es una demostración donde Conadi
transfiere recuerdo a Bienes Nacionales para avanzar en la regularización de la
propiedad de aproximadamente de 350 casos. Esto es muy gratificante para las
familias indígenas para avanzar y poder lograr el tan anhelado sueño de tener
certeza la propiedad”, indicó.
La firma de este
importante convenio contó además con la participación de la Delegada Provincial
de Osorno, Claudia Pailalef; del coordinador regional del Plan Buen Vivir,
Cristian Caipillá, y del consejero de Conadi Mario Inai, todos ellos destacaron
la relevancia de trabajar para las comunidades indígenas de la región y seguir
avanzando en el compromiso del Gobierno en responder a la sentida demanda de
las familias y comunidades indígenas de tener la certeza jurídica de la tierra
que ellos están ocupando.
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