El diputado de la
Bancada UDI que integran la comisión de Salud de la Cámara Baja, Daniel Lilayu,
solicitará a la Contraloría General de la República extender su investigación a
todos los hospitales que componen la red asistencial del país, luego que una
auditoría que realizaron al Sótero del Río -entre abril de 2022 y marzo de
2023- reveló que cerca de cien cirugías se hicieron en tiempos menores al
promedio, beneficiando en estos casos a familiares de varios funcionarios.
Al respecto, y
junto con calificar como “absolutamente impresentable” que algunos trabajadores
hayan utilizado el sistema a su favor, el
parlamentario aseguró que es “indispensable” saber si lo ocurrido en el
recinto metropolitano “es o no una práctica que se repite a lo largo de nuestro
país”.
“En medio de una de
las listas de espera más abultadas del último tiempo, donde casi 2,7 millones
de personas se encuentran esperando recibir una atención, muchos de ellos
incluso padeciendo enfermedades graves como cáncer, resulta absolutamente
impresentable que algunos funcionarios, aprovechándose de su cargo, estén
saltándose la fila para privilegiar a sus familiares, amigos o cercanos.
Incluso, es de una inhumanidad tremenda, porque termina retrasando la atención
de otro paciente, pudiendo arriesgar de manera grave su estado de salud”,
cuestionó el legislador.
Por lo mismo,
Lilayú anunció que durante esta jornada recurrirá a la Contraloría General de
la República para que puedan extender la auditoría al resto de los hospitales
de la red asistencial, argumentando que “nadie puede descartar que esta
práctica no se esté repitiendo en otros lugares”.
Asimismo, hizo un
llamado al Ministerio de Salud a iniciar todas las acciones administrativas que
correspondan para identificar a los responsables y sancionarlos, insistiendo en
que “la gravedad de este caso amerita que las autoridades del gobierno ejerzan
todas las acciones que sean necesarias”.
“Vamos a llegar
hasta las últimas instancias en este caso, porque si en un hospital hubo un
grupo de funcionarios que se aprovechó del sistema para favorecer a sus
cercanos, no podemos descartar que en otros recintos esté ocurriendo
exactamente lo mismo. Y aquí no sólo es indispensable la rápida acción de la
Contraloría, sino que también son importantes las medidas que pueda adoptar el
Ministerio de Salud, tanto para investigar este tipo de conductas como también
para sancionarlas con todo el rigor de la ley. Nuestra obligación es perseguir
este tipo de privilegios, más aún cuando se juega con la salud de casi 2,7 millones
de chilenos”, manifestó el diputado Lilayu.
0 Comentarios