El Seremi del
Trabajo y Previsión Social, Ángel Cabrera, en colaboración con el Seremi de
Desarrollo Social y Familia, Enzo Jaramillo, el director regional del Trabajo,
Claudio Salas, y el director de la Teletón Puerto Montt, Marcelo Salazar,
encabezaron el lanzamiento del Plan Nacional de Fiscalización de la Ley 21.015,
también conocida como la Ley de Inclusión, en la Región de Los Lagos. La
actividad se realizó en la sede de la Teletón ubicada en Puerto Montt.
Este plan se
enfoca en garantizar la inclusión en el ámbito laboral, y desde Los Lagos, la
Dirección del Trabajo tiene programadas al menos 115 fiscalizaciones en
diversas empresas. El incumplimiento de las Materias Fiscalizadas en empresas
entre 100 y 199 trabajadores puede llegar a montos de 40 UTM, y las empresas
sobre 200 trabajadores con montos de 60 UTM,
Además, en esta
iniciativa, la Unidad Laboral de la Teletón también se ha unido, reafirmando el
compromiso con la inclusión y la diversidad en todos los ámbitos.
El Seremi del
Trabajo y Previsión Social, Ángel Cabrera, dijo que “este es un plan de
Fiscalización Nacional de la Dirección del Trabajo que lo que busca es revisar
que empresas que tienen desde 100 trabajadores y trabajadoras cumplan con la
normativa de inclusión laboral, que implica tener un gestor de inclusión,
generar ciertas capacitaciones, tener personas contratadas que se encuentren en
situación de discapacidad y es en ese sentido que hoy día vinimos a la Teletón
a conversar con su director, Marcelo Salazar, con el equipo de inclusión
laboral que tienen en el instituto porque nuestro objetivo es impulsar esta
campaña no solamente a nivel nacional sino que acá en la región durante el
término de este año. Destacar que toda la región de Los Lagos se va a ver
comprometido con esta fiscalización. La mayoría de forma electrónica para
revisar los registros que tienen las empresas pues es muy importante para
nosotros también generar las fiscalizaciones correspondientes para el
cumplimiento de esta ley”.
Por su parte, el
Seremi de Desarrollo Social y Familia, Enzo Jaramillo, dijo que “Estuvimos acá
acompañando el SEREMI y a la Dirección del Trabajo en esta supervisión y
fiscalización sobre la Ley de Inclusión, que fue presentada por el Ministerio
de Desarrollo Social en el año 2017 y que hoy día me parece muy bien que
concentrados en que la ley se cumpla sobre todo en empresas privadas, por eso
lo lanzamos en el centro Teletón”.
La Ley de
Inclusión Laboral N° 21.015, es una ley promulgada en 2017 con el objetivo de
fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de
una pensión de invalidez en el mercado laboral chileno. Esta ley forma parte de
un esfuerzo más amplio del estado para promover la inclusión social y mejorar
su calidad de vida.
“Nosotros
estamos desarrollando un plan nacional de fiscalización bastante importante,
vamos a realizar más de 1100 fiscalizaciones a nivel nacional. Desde la región
de Los Lagos nuestro equipo de fiscalizadores va a realizar más de 115
fiscalizaciones y efectivamente vamos a revisar los registros informáticos. A
contar del 1 de abril de 2019, las empresas que cuentan con 100 a 199
trabajadores deben cumplir con la Ley Nº 21.015, que incentiva la inclusión
laboral de personas con discapacidad, sumándose así a las empresas de 200 o más
trabajadores, las que están obligadas al cumplimiento de esta ley desde el 1 de
abril de 2018, y que garantiza, que las empresas privadas u organismos
del Estado que tengan 100 o más trabajadores, al menos el 1% del total de sus
trabajadores sean personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de
invalidez de cualquier régimen previsional. Si del cálculo del 1% resultare un
número con decimales, se aproximará al entero inferior”, explicó el director
regional de la Dirección del Trabajo, Claudio Salas.
Esta cuota de
contratación se puede cumplir de manera directa, contratando personas con
discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez, o a través de alguna
de las modalidades de cumplimiento alternativo dispuestas en la ley, en la
medida que tengan razones fundadas para así hacerlo. Las medidas
alternativas de cumplimiento consisten en celebrar o ejecutar contratos de
prestación de servicios con empresas que tengan contratadas a personas con
discapacidad, en la medida que se genere un vínculo de subcontratación o de
suministro de empresas de servicios transitorios con dichas personas; o,
efectuar donaciones a corporaciones o fundaciones, cuyo objeto sea el apoyo a
personas con discapacidad. Durante los dos primeros años de vigencia de la Ley,
las empresas podrán emplear medidas alternativas de cumplimiento sin entregar
razones fundadas.
Marcelo Salazar,
director de la Teletón Puerto Montt, manifestó que “los 14 institutos de la
Teletón cuentan con una Unidad Laboral que tiene profesionales que restan
algunas horas de trabajo clínico, psicólogos, asistentes sociales y terapeutas
ocupacionales que justamente hacen el trabajo de poder llevar un catastro y un
seguimiento de los pacientes que requieran de apoyo para poder buscar
empleabilidad en una empresa. Tenemos pacientes que han logrado terminar
estudios técnicos o universitarios y nosotros apoyamos en la colocación
laboral. Esta unidad permite hacer este vínculo con las empresas y además
reciben de parte de las empresas requerimientos”.
En la zona
empresas como Dimarsa, que ya ha sido fiscalizada y cumple con los requisitos
de la Ley, están demostrando su compromiso con la inclusión y la igualdad de
oportunidades.
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