En conferencia de prensa la máxima autoridad en la zona, Patricio Vallespin, respondió a las dudas surgidas tras publicaciones de medios a nivel nacional que apuntaron a la entrega de recursos a fundaciones, poniendo especial énfasis en Fundación Chinquihue, que es presidida por el Gobernador ya que es una responsabilidad adquirida con el cargo.

En ese orden de ideas el Gobierno Regional a través de su líder político y de la administradora regional Viviana Godoy, entregaron, de cara a la gente por intermedio de los medios de comunicación locales que asistieron, detalles que son de público conocimiento tras la última cuenta pública.

Patricio Vallespin, partió comentando que “no hay nada que esconder pues quien nada hace nada teme” y reiteró la explicación en torno a la Fundación Chinquihue, la que preside por tener el cargo que lo posiciona como la máxima autoridad en la zona, lo que está establecido en los estatutos y que impide que pueda eximirse de esa responsabilidad. Se debe considerar que la institución mencionada siempre ha recibido recursos de distintos organismos públicos siendo timoneada desde sus orígenes por autoridades del nivel regional, lo que además siempre ha sido revisado por los organismos contralores e incluso por la propia institución.

Sobre la decisión que llevó a que la inversión regional termine en programas que nacieron en el GORE, el jefe de la administración regional comentó que en su minuto se evaluaron tres opciones para evitar devolver recursos por falta de ejecución presupuestaria, lo que decantaría en una disminución de las arcas del territorio, explicando que “descartamos absolutamente, devolver los casi 30 mil millones que se acumulaban por la NO ejecución y avance de obras. Esto impactaría de inmediato en la disminución del volumen de recursos para el año 2023, reduciendo los recursos para el desarrollo de la región. La posibilidad de transferir a instituciones públicas del nivel central u otras instituciones públicas regional, también lo descartamos, porque la glosa presupuestaria del año 2022, exigía la rendición en el mismo año presupuestario, siendo imposible en el global de los casos, para municipios, ministerios, en general reparticiones públicas, salvo excepciones que sí, lo hicimos con un compromiso en que ellos NO iban a devolver recursos como se devolvió el año anterior. Ante esto decidimos que íbamos a hacer algo distinto, innovar para que esta región NO pierda recursos. Finalmente se optó por convocar y recibir propuestas de instituciones privadas y públicas para el buen uso de los recursos que este Gobierno Regional siempre va a resguardar, que respondían a desafíos y prioridades regionales en el ámbito social y de fomento económico que debíamos impulsar. Estas propuestas fueron evaluadas en su pertinencia técnica y todas debieron cumplir con los objetivos del Gobierno Regional en estas materias pensando en enfrentar la crisis económica posterior al COVID19 y la planificación territorial que todo Gobierno Regional debe realizar”.

Esto último responde al marco legal y normativo que rige a los Gobiernos Regionales, donde se señala explícitamente que se realizan transferencias a instituciones de acuerdo a condiciones específicas, sin necesariamente utilizar el sistema de compras públicas, condiciones que se cumplen en la Estrategia del Nuevo Rostro de la Inversión Regional.

Sobre las nuevas medidas específicas y de refuerzo, la administradora regional Viviana Godoy, detalló que se han tomado acciones concretas para seguir adelante con rigurosidad, transparencia y eficiencia. “En primer lugar, hemos solicitado recursos especiales a la dirección de presupuestos que nos permita fortalecer el equipo del Gobierno Regional en materia del modelamiento, seguimiento y evaluación de programas estratégicos. Segundo se ha generado la posibilidad de poder financiar plataformas que tienen que ver con la posibilidad de poder acceder a la información por parte de la comunidad, poder hacer más eficiente nuestra gestión, más transparente y en el fondo reforzar la comunicación que ya existe y que está definida en las distintas plataformas por parte de las instituciones públicas. Además, quiero señalar que fuimos el primer GORE que firmó un convenio con la Contraloría en tres ámbitos específicos. El primero, es poder fortalecer electrónicamente la rendición de cuentas de distintas organizaciones lo que responde a los mandatos de nuestro Gobierno Regional, segundo, instalar un sistema integral de auditoria junto con la Contraloría, por otra parte, fortaleceremos el instrumento de seguimiento de fiscalización técnica - financiera de cada iniciativa con foco principal en los 58 programas. Y tercero vamos a instalar una comisión transitoria que permita fiscalizar y fortalecer el seguimiento de cada una de estas iniciativas con profesionales que cuentan con la experiencia suficiente, necesaria y reconocida en materia de seguimiento de inversión pública y además de la gestión administrativa de acuerdo al marco legal que corresponde”.

La Comisión Mixta del Senado ha recibido vía plataforma disponible todos los informes de ejecución presupuestaria que tiene el GORE, además la información está permanentemente disponible en Chile Indica y los miembros del CORE tendrán acceso a detalles trimestrales los que de igual forma quedarán libres para conocimiento público.

En resumen, durante el año 2022, disponiendo de $30.774.717.000 se concretaron 58 programas en total:

 

16 de desarrollo Social, con beneficio directo para 16.000 familias, en temas como, atenciones dentales, cuidado de adultos mayores, reducciones listas de espera en Salud Regional, ayudas técnicas para personas discapacitadas. Además de 32 para el fomento productivo que alcanza a 15.000 personas, con iniciativas como el repoblamiento de la bahía en Ancud, el apoyo entregado a ganaderos en Palena, las ayudas a mujeres de la pesca, habilitación del barco escuela Capitán Williams, tecnificación de agricultura de comunidades indígenas, apoyo a micro-emprendimientos, apoyo a la agricultura familiar campesina con foco en mujeres y jóvenes, prevención de VIF. A estos se suman, 10 programas para el ordenamiento territorial y la planificación regional, como la propuesta para el ordenamiento del borde costero y el apoyo a zonas de rezago.

 

Los ejecutores son, 4 universidades: USS, ULagos, Santo Tomás, UACh. 17 fundaciones: Hogar de Cristo, Fundación Chinquihue, F. para la superación de la pobreza, Eurochile, Kimun, Techo para Chile, entre otras. 8 corporaciones u ONG: ONG Canales, San Joaquín de Los Andrés, Trekkan, entre otras. 3 centros de investigación y desarrollo: Csiro, Rimisp, Inproa y 8 instituciones públicas: incluidos, Sernatur, Prodemu, Servicios de Salud Reloncaví, SS Osorno y SS Chiloé.