En el marco de “incumplimiento de sus obligaciones
legales” y el delito de “abusos contra particulares” en proyecto de subdivisión
de predios agrícolas de Green Capital, abogados de Chile Rural AG presentaron
una querella criminal contra funcionarios del SAG de la región de Aysén, la
cual fue declarada admisible a mediados de la semana pasada.
El pasado 22 de marzo, la jueza Javiera Alarcón, del
Juzgado de Letras y Garantía de Cochrane, declaró admisible una querella
criminal patrocinada por los abogados Carlos Gajardo y Pablo Norambuena,
asesores jurídicos de Chile Rural AG, en representación de Green Capital SpA,
en contra de Valentina Carrasco, Directora Regional (S) del Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG) de la Región de Aysén, y de Pedro Isamitt, Jefe de la Oficina
Provincial de Cochrane del SAG, en calidad de autores del delito de abusos
contra particulares, en grado de consumado, previsto y sancionado en el
artículo 257 del Código Penal.
La querella plantea que con fecha 11 de octubre de 2022,
Green Capital SpA, ingresó al SAG, una solicitud de certificación de
subdivisión de predios rurales, de conformidad con lo establecido en el DL
3.516, sobre el inmueble rol 251- 4, de la comuna de Cochrane.
No obstante haber transcurrido todos los plazos legales,
la Directora Regional (S) del SAG de Aysén y el Jefe de Oficina de Cochrane,
sin contar con atribuciones legales para ello, ha oficiado a distintos
organismos públicos, con el único fin, según detalla el Presidente de Chile
Rural AG Patricio Álvarez de “dilatar la entrega de la certificación solicitada
a la Autoridad Pública”.
El Presidente de dicha Asociación Gremial, además agregó
que “esta acción penal es la primera de una serie de acciones que presentaremos
prontamente en contra de distintos funcionarios, jefes de oficina y
directores regionales del SAG, quienes incumpliendo con sus obligaciones
legales han dilatado o demorado la certificación de subdivisiones de predios
rústicos, lo cual se enmarca en el reiterado incumplimiento por parte de las oficinas
regionales y provinciales del SAG, respecto de la medida cautelar dictada por
el 7° juzgado Civil de Santiago”.
Por su parte el ex fiscal y asesor jurídico de Chile
Rural AG, Carlo Gajardo, expresó que “la querella se presenta por el delito de
abuso contra particulares que sanciona al funcionario público que
arbitrariamente rehusare dar certificado, que es lo que ha sucedido en este
caso, al haberse ordenado previamente una serie de oficios que no guardan
relación con lo solicitado, no teniendo el SAG facultades para ello.”
¿Cuáles son los pasos a seguir?
Actualmente la investigación pasó a manos del Ministerio
Público de la Región.
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