Por: Daniel Silva J.

Académico Lic. en Trabajo Social. UST.

Galicia Stuardo R.

Directora Lic. en Trabajo Social. UST.

 

 

La investigación en el campo de las desigualdades se ha fortalecido notoriamente desde el retorno a la democracia. Se han incorporado dimensiones anteriormente excluidas como el género, el territorio y la etnicidad. El lugar que ocupan las variables socio-ecológicas en la promoción de desigualdades aún es un problema emergente para los estudios de pobreza en Chile.

 

Su interés principal está en el rol que juegan ciertas industrias en la precarización y el empobrecimiento de un territorio específico. Como ejemplo, podemos mencionar el caso de la Comuna de San Juan de la Costa, donde el 75% de los terrenos corresponde a plantación comercial de monocultivos como el pino o el eucaliptus.

 

Algunas desventajas socioecológicas asociadas a este tipo de industrias son la perdida de bosque nativo y con ellos de plantas medicinales utilizadas en prácticas culturales, perdida de terrenos para agricultura familiar, en definitiva, el deterioro de las condiciones de existencia de las comunidades, no solo las indígenas, sino la de todos los habitantes del territorio.

 

Para las comunidades locales, estas anomalías podrían derivar en problemas sociales como la precarización de formas de vida, migraciones forzadas, conflictos por el uso de tierra y agua, disminución de empleos y el deterioro de paisajes de alto valor histórico, cultural y natural.

 

Evitar el avance de desigualdades socio-ecológicas supone pensar procesos de gobierno orientados a la interdependencia y coordinación negociada entre los diversos estamentos de gobierno y las organizaciones territoriales.

 

Aceptar una concepción de desarrollo local como ésta -a nuestro juicio-, implica cuatro dimensiones mínimas. Una económica, vinculada a la creación, acumulación y distribución de la riqueza. Una social y cultural, referida a la calidad de vida, equidad e integración social. Una política, vinculada a la gobernabilidad del territorio en base a un proyecto colectivo específico. Y una ambiental, asociada a recursos naturales que se mantengan de manera intergeneracional.

 

Las instituciones de educación superior pueden responder a este desafío formando profesionales que sean capaces de producir conocimiento para la intervención y transformación de territorios afectados por desigualdades de sobrecarga ambiental. Urge revertir los “costos” que brotan de un paradigma de desarrollo y crecimiento que se ha limitado a lo económico.