La sala de la Cámara de Diputados aprobó, por
131 votos a favor y una abstención, el proyecto de ley presentado por el
Gobierno que busca corregir el universo de referencia de la Pensión Garantizada
Universal (PGU).
De este modo, la iniciativa, que una vez
aprobada aumentará en más de 70 mil el número de beneficiarios y beneficiarias,
fue despachada al Senado.
Además de agradecer a las y los diputados por
el apoyo al proyecto, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette
Jara, explicó que con la ley actual de la PGU “se cambiaron los parámetros
habituales de la política pública y de la forma de focalizar, efectuando un cambio
desde excluir al 10% más rico de la población, para pasar a excluir al 10% más
rico de las personas mayores, lo cual genera, en los hechos, que las personas
que quedan fuera de la PGU lo hacen con un ingreso mucho más bajo y, por tanto,
les resulta muy inexplicable la razón de no calificar en el beneficio. Con este
cambio de criterio, en régimen, se espera que se incorporen 76.000 nuevos
beneficiarios a la actual PGU, con un gasto fiscal que bordea los $ 147.000
millones”.
El Seremi del Trabajo y Previsión Social,
Ángel Cabrera, explicó que “bajo el actual mecanismo de cálculo, que fue
establecido en la Ley 21.419 que creó la PGU a inicios de 2022, se restringió
el umbral para definir el 90% que califica para recibir el beneficio, toda vez
que la población mayor de 65 años es más vulnerable que la población total del
país. De este modo, personas que no forman parte del 10% más rico de la
población total del país no acceden al beneficio por el parámetro definido en
la mencionada ley. De allí la importancia
de corregir el universo de referencia de la PGU. Por ello es una gran
noticia que este proyecto haya sido aprobado en la Cámara de Diputados y
Diputadas y avance al Senado”.
Lo anterior significó un cambio de criterio
respecto a la forma de cálculo de los beneficiarios de la Ley 20.255 que creó
la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario de vejez, que
beneficiaban al 60% de la población de menores recursos del país.
Contenido del proyecto
En concreto, el proyecto de ley introduce modificaciones
a los artículos 10 y 25 de la Ley 21.419, ampliando el universo de focalización
de la PGU desde la población de 65 años o más a toda la población del país.
Asimismo, la iniciativa contiene un artículo
transitorio que señala que esta modificación entrará en vigencia el primer día
hábil del tercer mes desde la publicación de la ley y ordena modificar el
pertinente reglamento a más tardar el segundo mes desde su publicación.
Además, se regula que el IPS verificará de
oficio el cumplimiento de los requisitos de las personas que, habiendo
postulado, no accedieron a la PGU por no integrar un grupo familiar
perteneciente al 10% más rico de la población de 65 años o más del país.
En ese sentido, el subsecretario de Previsión
Social, Christian Larraín destacó que cerca de 25 mil personas que habían sido
rechazadas para la PGU, serán recalificadas por el IPS, y podrán optar sin
trámite alguno al beneficio. “Accederán a la PGU desde el momento en que entre
en vigencia la ley”, puntualizó.
Informe Financiero
El Informe Financiero que viene aparejado con
el proyecto indica que por la modificación en la forma de cálculo del universo
de beneficiarios y la consecuente ampliación se estos, existirá un gasto
adicional por parte del Estado.
Señala que, en el primer año de aplicación de
esta fórmula, habrá 73.220 beneficiarios adicionales, lo que significará un
mayor gasto de $ 107 mil millones, mientras que para el segundo año habrá
71.380 beneficiarios adicionales, lo que implicará un mayor gasto de $ 140 mil
millones.
Para el tercer año, en tanto, se contempla un
total de 69.560 beneficiarios adicionales, lo que representará un mayor gasto
de $ 136 mil millones. Por su lado, para el cuarto año de aplicación, se prevén
68.730 ingresos adicionales al beneficio, implicando $135 mil millones de mayor
gasto, lo que se incrementará a $ 140 mil millones al quinto año, con 70.120
beneficiarios adicionales.
Por último, en régimen, se contempla 76.070
beneficiarios adicionales, lo que significará un mayor gasto de $ 168 mil
millones.
Auto-préstamo
Además, y tras ser consultada en punto de
prensa, la secretaria de Estado reiteró la posición del Ejecutivo ante los
proyectos de auto-préstamo de los fondos previsionales que fueron presentados
por parlamentarios y que se encuentran actualmente en discusión en la comisión
de Constitución de la Cámara.
Indicó que, de los tres proyectos presentados,
“dos ellos contemplan un auto-préstamo por el total de los fondos de pensiones;
un tercer proyecto de ley que contempla un auto-préstamo por el 15% de los
fondos de pensiones, es decir, más que cualquiera de los retiros que se
implementaron durante la pandemia. El proyecto de ley de reforma de pensiones
del Gobierno contempla un auto-préstamo que es por el 5% de los fondos de
pensiones con un tope de $ 1 millón, pero, además, con un mecanismo de
devolución mediante el aumento del 2% de la cotización imponible a fin de que
se devuelvan esos fondos previsionales”.
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