El Congreso despachó el proyecto de ley corta que
busca corregir el universo de referencia de la Pensión Garantizada Universal
(PGU) y ampliar la cantidad de beneficiarios. Ello, luego de que la sala del
Senado diera su unanimidad a la iniciativa, al igual que durante la sesión
matinal de este miércoles en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta.
De esta forma, el proyecto que una vez aprobado se
estima aumentará en alrededor de 70 mil el número de beneficiarios de la
pensión no contributiva, cumplió con todos sus trámites legislativos. Así, está
en condiciones de convertirse en ley.
El Seremi del Trabajo y Previsión Social, Ángel
Cabrera, manifestó que esta ley “genera la posibilidad que 70 mil personas
mayores se incorporen a la Pensión Garantizada Universal. Queremos recordar que
el aumento de la cobertura del 60% al 90% de la PGU partió en agosto del año
2022, desarrollando el Instituto de Previsión Social distintas gestiones para
poder llegar a las y los beneficiarios. Sin embargo, se instalaba entre varias
personas una sensación de injusticia, porque no entendían el motivo por el que
no calificaban, ya que no eran parte del 10% más rico de la población”.
Añadió que “así, la ley ha tenido una mejoría
importante que va a permitir que ingresen 70 mil personas más, de las cuales 24
mil de ellas que ya habían presentado su solicitud y fueron rechazadas con
motivo de la ley vigente, serán recalificadas de oficio sin tener que presentar
nuevamente solicitud, a fin de que puedan empezar a recibir este beneficio”.
Por su parte, la ministra del Trabajo y Previsión
Social, Jeannette Jara, agradeció a los parlamentarios del Congreso por el
apoyo al proyecto.
De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo ante las
diferentes instancias legislativas, bajo el actual mecanismo de cálculo, que
fue establecido en la Ley 21.419 que creó la PGU a inicios de 2022, se
restringió el umbral para definir el 90% que calificaba para recibir el
beneficio, toda vez que la población mayor de 65 años es más pobre que la
población total del país. De este modo, personas que no forman parte del 10%
más rico de la población total del país no accedían al beneficio por el
parámetro definido en la mencionada ley.
Lo anterior significó un cambio de criterio
respecto a la forma de cálculo de los beneficiarios de la Ley 20.255 que creó
la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario de vejez, que
beneficiaban al 60% de la población de menores recursos del país.
Contenido del proyecto
El proyecto de ley despachado introduce
modificaciones a los artículos 10 y 25 de la Ley 21.419, ampliando el universo
de focalización de la PGU desde la población de 65 años o más a toda la
población del país.
Asimismo, la iniciativa contiene un artículo
transitorio que señala que esta modificación entrará en vigencia el primer día
hábil del tercer mes desde la publicación de la ley y ordena modificar el
pertinente reglamento a más tardar el segundo mes desde su publicación.
Además, se regula que el IPS verificará de oficio
el cumplimiento de los requisitos de las personas que, habiendo postulado, no
accedieron a la PGU por no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más
rico de la población de 65 años o más del país.
Informe Financiero
El Informe Financiero junto al proyecto indica que,
por la modificación en la forma de cálculo del universo de beneficiarios y la
consecuente ampliación se estos, existirá un gasto adicional por parte del
Estado.
Señala que, en el primer año de aplicación de esta
fórmula, habrá 73.220 beneficiarios adicionales, lo que significará un mayor
gasto de $ 107 mil millones, mientras que para el segundo año habrá 71.380
beneficiarios adicionales, lo que implicará un mayor gasto de $ 140 mil
millones.
Para el tercer año, en tanto, se contempla un total
de 69.560 beneficiarios adicionales, lo que representará un mayor gasto de $
136 mil millones. Por su lado, para el cuarto año de aplicación, se prevén
68.730 ingresos adicionales al beneficio, implicando $135 mil millones de mayor
gasto, lo que se incrementará a $ 140 mil millones al quinto año, con 70.120
beneficiarios adicionales.
Por último, en régimen, se contempla 76.070
beneficiarios adicionales, lo que significará un mayor gasto de $ 168 mil
millones.
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