Advirtiendo que los costos podrían ser traspasados en su totalidad a los consumidores y clientes finales, el diputado de la UDI, Daniel Lilayú, solicitó al Gobierno postergar en un año el cobro del IVA a más de 60 actividades y servicios profesionales, que comenzará a regir el próximo 1 de enero de 2023 y que obligará a un número indeterminado de instituciones y empresas -muchas de ellas emprendimientos- a pagar al Fisco un 19% por las prestaciones que realicen.

 

Al respecto, el parlamentario detalló que estarán afectos a dicho gravamen los servicios publicitarios, periodísticos y audiovisuales, las sociedades de profesionales que se dedican al área informática y de páginas web, y los servicios veterinarios y de reparación de vehículos, además de las asesorías en materia de inversión, los gimnasios, las bibliotecas y las instituciones dedicadas a personas con discapacidad física, mental y adultos mayores, entre otras actividades.

 

“Es evidente que, en medio de una de las peores crisis económicas e inflacionarias que atravesamos como país, no podemos obligar a cerca de 60 servicios y actividades a que comiencen a pagar IVA de la noche a la mañana, porque todos sabemos que eso terminará provocando un daño en la fuente laboral de muchos trabajadores, y que además ese impuesto lo terminarán traspasando a los consumidores y clientes finales, complicando aún más la situación económica que viven los chilenos”, cuestionó Lilayú, quien agregó que “desde un punto de vista económico y financiero, es indispensable revisar ciertas decisiones que se tomaron sin estos antecedentes”.

 

En esa línea, el parlamentario recordó que las distintas proyecciones para el 2023 apuntan a una grave recesión económica por la que atravesará el país, lo que se suma a la inflación sobre los dos dígitos que registra actualmente Chile, por lo que manifestó que “resulta absolutamente inviable que en la peor época empecemos a gravar los servicios y actividades”, agregando que “por el contrario, lo más razonable es aliviar la carga a los miles de trabajadores que deberán sortear una serie de dificultades para salir adelante de esta crisis”.

 

“No hay ninguna duda de que esta medida se traducirá en un nuevo golpe para el bolsillo de las familias, porque estamos hablando de 60 servicios y actividades que terminarán encareciendo sus precios finales. Y ante una situación tan compleja como la que vive y seguirá viviendo nuestro país, en ningún caso parece razonable que la recaudación del Estado provenga del cobro de nuevos impuestos, sino que debiese venir por la vía del crecimiento”, sostuvo Lilayú.

 

Por último, el legislador insistió en que el Gobierno debería retrasar en un año la implementación de la medida, argumentando que “ni siquiera estamos hablando de servicios que son la base de los ingresos de nuestro país, sino que nos referimos a actividades que suelen ser ejecutadas, por ejemplo, por empresas de responsabilidad limitada o derechamente por pymes”.​