La Asociación Gremial Chile Rural cuestionó la consulta ciudadana del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, donde se presenta la “Modificación a la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) en materia de divisiones de
predios rústicos y de subdivisiones, urbanizaciones y edificaciones en área
rural”.
La instancia se inició el 3 de octubre y se extiende hasta el 23 del
mismo mes. Tiene como principal objetivo, según se señala en el portal web, dar
a conocer los “cambios en la reglamentación
vigente que permitan, por una parte, fortalecer los mecanismos de control
preventivo actualmente existentes (certificaciones y autorizaciones), y por
otra, aclarar los casos en que se incumplen las prohibiciones establecidas en
el inciso primero del artículo 55 de la LGUC, para evitar interpretaciones
acomodaticias”.
Desde Chile Rural reaccionaron a esta consulta del Ministerio de
Vivienda, asegurando que “los supuestos cambios reglamentarios no son tal, y requieren
de modificaciones legales, que deben ser discutidas democráticamente frente a
la ciudadanía. No existen las pretendidas facultades preventivas que señala el
MINVU, y la determinación de si se cumplen no con las prohibición de cambio de
destino del artículo 55 y 56 de la LGUC, es una materia que el legislador ha
entregado a los tribunales de justicia, por lo que la modificación
reglamentaria no es solo ilegal, pues requiere de un cambio legislativo que no
se ha dado, sino que es abiertamente inconstitucional, pues erige al MINVU y al
SAG en verdaderas comisiones especiales, arrogándose facultades
jurisdiccionales que la Constitución ha entregado a los tribunales establecidos
por el legislador”, aseguró el asesor jurídico del gremio Carlos Gajardo.
Por su parte, parlamentarios miembros de la Comisión de vivienda
reaccionaron ante la medida del ministerio, acusando que no respeta la labor
parlamentaria, y se arroga facultades que corresponden al legislador, y que de
continuar con la tramitación del reglamento, pueden recurrir al Tribunal
Constitucional para que este resuelva sobre la constitucionalidad de los
decretos supremos del Presidente de la República, a requerimiento de una cuarta
parte de los miembros en ejercicio de cualquiera de las Cámaras del
Congreso Nacional, conforme al artículo 93 N° 16 de la Constitución.
El senador Fidel Espinoza aseguró que “creo que es necesario que como
comisión oficiemos para que el Ministerio nos diga efectivamente si va a
respetar la labor parlamentaria que estamos desarrollando acá o no porque si no
tiene sentido el que estemos discutiendo semana tras semana, tengamos invitados
que vienen cordialmente a darnos su punto de vista todas las semanas y el
gobierno quiera a través de otros mecanismos, escudándose en una consulta
ciudadana, pretender realizar estas modificaciones que lo que van a hacer en
definitiva, y Chile lo tiene que saber, es impedir que nadie pero absolutamente
nadie pueda tener una parcela en el futuro y eso lo considero que es una clara
transgresión, como lo he dicho mil veces en esta comisión, a la libertad que
pueda tener un individuo de querer vivir en un sector alejado de la ciudad”.
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