La Asociación Gremial Chile Rural cuestionó la consulta ciudadana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde se presenta la “Modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) en materia de divisiones de predios rústicos y de subdivisiones, urbanizaciones y edificaciones en área rural”.

La instancia se inició el 3 de octubre y se extiende hasta el 23 del mismo mes. Tiene como principal objetivo, según se señala en el portal web, dar a conocer los “cambios en la reglamentación vigente que permitan, por una parte, fortalecer los mecanismos de control preventivo actualmente existentes (certificaciones y autorizaciones), y por otra, aclarar los casos en que se incumplen las prohibiciones establecidas en el inciso primero del artículo 55 de la LGUC, para evitar interpretaciones acomodaticias”.

Desde Chile Rural reaccionaron a esta consulta del Ministerio de Vivienda, asegurando que “los supuestos cambios reglamentarios no son tal, y requieren de modificaciones legales, que deben ser discutidas democráticamente frente a la ciudadanía. No existen las pretendidas facultades preventivas que señala el MINVU, y la determinación de si se cumplen no con las prohibición de cambio de destino del artículo 55 y 56 de la LGUC, es una materia que el legislador ha entregado a los tribunales de justicia, por lo que la modificación reglamentaria no es solo ilegal, pues requiere de un cambio legislativo que no se ha dado, sino que es abiertamente inconstitucional, pues erige al MINVU y al SAG en verdaderas comisiones especiales, arrogándose facultades jurisdiccionales que la Constitución ha entregado a los tribunales establecidos por el legislador”, aseguró el asesor jurídico del gremio Carlos Gajardo.

Por su parte, parlamentarios miembros de la Comisión de vivienda reaccionaron ante la medida del ministerio, acusando que no respeta la labor parlamentaria, y se arroga facultades que corresponden al legislador, y que de continuar con la tramitación del reglamento, pueden recurrir al Tribunal Constitucional para que este resuelva sobre la constitucionalidad de los decretos supremos del Presidente de la República, a requerimiento de una cuarta parte de los miembros en ejercicio de cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional, conforme al artículo 93 N° 16 de la Constitución.

El senador Fidel Espinoza aseguró que “creo que es necesario que como comisión oficiemos para que el Ministerio nos diga efectivamente si va a respetar la labor parlamentaria que estamos desarrollando acá o no porque si no tiene sentido el que estemos discutiendo semana tras semana, tengamos invitados que vienen cordialmente a darnos su punto de vista todas las semanas y el gobierno quiera a través de otros mecanismos, escudándose en una consulta ciudadana, pretender realizar estas modificaciones que lo que van a hacer en definitiva, y Chile lo tiene que saber, es impedir que nadie pero absolutamente nadie pueda tener una parcela en el futuro y eso lo considero que es una clara transgresión, como lo he dicho mil veces en esta comisión, a la libertad que pueda tener un individuo de querer vivir en un sector alejado de la ciudad”.