Más de 5 mil causas fueron representadas por defensores y defensoras penales públicas en los cuatro tribunales de la provincia de Chiloé, de acuerdo a la última Cuenta Anual que rindió la Defensoría Penal Pública (disponible en https://youtu.be/lElhGBhX1oc) 

Según María Soledad Llorente, Defensora Regional de Los Lagos, durante el año pasado la Defensoría asumió la representación de 21.100 causas en toda la región, lo que significa una disminución del 8,11 por ciento respecto de las ingresadas el 2020.

De este total, un 50% corresponden a la provincia de Llanquihue (10.981), un 24% a Osorno (5.163), un 21% a la provincia de Chiloé (4.576) y casi un 2% de las causas, a la provincia de Palena (374).

Respecto de los delitos, un 32 por ciento (6.754) de todas las causas ingresadas el año pasado se agruparon bajo la categoría “Otros delitos”, que en su gran mayoría fueron infracciones sanitarias, es decir, relacionadas con las restricciones impuestas por la autoridad, producto de la pandemia. El grueso de estas infracciones se registró entre enero y abril del 2021, lo que implica un período más breve, y por supuesto, un número mucho menor de causas por este motivo. 

En la provincia de Osorno, la Defensoría representó 5.163 causas durante el 2021, y el principal delito imputado a las personas, al igual que el 2020, fue la infracción a las normas higiénicas y de salubridad, también llamada “delitos sanitarios”, con un 22%, que en gran parte ingresaron entre enero y abril del año pasado. A estos le siguieron los delitos de lesiones, con un 21% y amenazas, que fueron un 20% de las causas.

A nivel regional, en tanto, a las infracciones sanitarias le siguieron las lesiones (19% - 4.017), los delitos contra la libertad e intimidad de las personas (17% - 3.753), y los delitos contra la ley de tránsito (14% - 2971).

Defensa de Género

Otra de las cifras relevantes en la última cuenta pública de la Defensoría, la marcó Puerto Montt, que se ubicó el año pasado como la tercera ciudad del país con más mujeres imputadas por un delito penal. 

Soledad Llorente confirmó que la institución representó a 1.457 mujeres el 2021, y se ubicó detrás de Puente Alto (2.692) y Antofagasta (1.565) en esta medición lo que, a juicio de la autoridad, debe llamar la atención sobre la importancia de mantener un enfoque de género en materia de Justicia. 

“Más aún -dijo Llorente- cuando, de todas las causas terminadas el año pasado que tuvieron una imputada mujer (2.344), el 40 por ciento (954) terminó sin condena o con declaración de inocencia.”

En la cuenta anual de la Defensoría Penal Pública en la región, fue destacada, en este sentido, la recientemente creada Unidad de Defensa de Género, que entró en operaciones el pasado Día Internacional de la Mujer.  

El equipo, que ya fue presentado a la población penal femenina de Osorno, está compuesto por un defensor y dos defensoras y tiene dos funciones principales: por una parte, asumirán paulatinamente las causas que tengan a mujeres como imputadas, y por otra, tendrá un rol de articulación con distintos organismos públicos, como la Fiscalía, Gendarmería o Corporación de Asistencia Judicial, entre otros. 

“Para una mujer, la privación de libertad es una vulnerabilidad particular, compuesta por distintos factores, que requieren ser atendidos desde una perspectiva de género. Por esto, el objetivo de la unidad es facilitar el acceso a la Justicia, y contribuir al cumplimiento de la obligación del Estado respecto de las mujeres de privadas de libertad, quienes no deben ser sometidas a ninguna forma de discriminación y violencia mientras se encuentren en esta situación”, señaló la jefa de la defensa en la región. 

Fallo histórico

En este sentido, la autoridad destacó el inédito fallo de la Corte Suprema en materia penitenciaria, que hace pocos días determinó sustituir la condena efectiva de una mujer embarazada por la reclusión domiciliaria total, debido a la falta de cuidados y atenciones médicas, como irregularidades en su alimentación y falta de controles ginecológicos. 

Esto, gracias a un recurso de amparo presentado por el defensor especializado en materia penitenciaria, Francisco Hernández, cuya apelación fue resuelta por la Corte Suprema, que por primera vez acogió la normativa internacional que obliga al Estado de Chile y a sus tribunales a adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos y la integridad de las mujeres, en especial de todas aquellas que se encuentran privadas de libertad.