Con el objetivo de analizar alcances y efectos del instructivo emanado del Ministerio de Agricultura, sobre la aplicación de la facultad del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) en lo relativo a las certificaciones de proyectos de subdivisión de predios rústicos, asistieron a la comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, el presidente de Chile Rural Agrupación Gremial, Tomás Prado, acompañado del asesor jurídico del gremio Felipe Riesco y la vicepresidenta de la organización, Patricia Muñoz.

El encuentro contó, además, con la participación del alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, el edil de Valdivia, Carla Amtmann y representantes de la Municipalidad de Río Ibáñez y de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas.

Tras la cita, el presidente de Chile Rural, Tomás Prado, explicó que junto a los alcaldes “hay un punto común, que nosotros como asociación queremos regular y hacer las cosas bien. Somos personas naturales y jurídicas y no solamente somos inmobiliaria o desarrolladores, somos un rubro grande, se nos han acercado profesionales, arquitectos, tomógrafos, gente de máquina. Aquí hay un ecosistema enorme y el error  cuando se toman medidas de cierta forma arbitrarias, como nosotros las interpretamos, es que hay distintas aristas que creemos que no se ven y que tienen un impacto gigantesco en el corto, mediano y largo plazo”.

En esa línea, el asesor jurídico del gremio, Felipe Riesco, recordó que “un agricultor que presenta a subdivisión su predio rústico, con objeto de dar en garantía algunos de los lotes, al banco por ejemplo, para obtener capital de trabajo o incluso quienes venden lotes de 0,5 hectáreas, por el hecho de presentar o subdividirlo no cambia el destino del terreno, eso es una situación que ocurre ex, post y aquí lo que se pretende es que el Servicio Agrícola Ganadero ex ante adivine bajo un criterio de sospecha cuál va a ser el destino que tendrán cada uno de esos predios, que es un destino que le da en definitiva, quien lo compra”.

Agregó que “nosotros consideramos que estamos frente a una serie de irregularidades, donde el Gobierno otorga competencias al SAG que el legislador no ha provisto, después innova estableciendo un procedimiento al margen de la ley en etapas no previstas y altera reglas procedimentales generales”.

El senador Iván Moreira recalcó durante la comisión que “las realidades geográficas son distintas, no vamos a hacer una ley para proteger un solo lugar, tenemos que proteger y dar cierta flexibilidad en otros lugares. Lo que hay que hacer es regular y de todos los proyectos de ley, refundirlos, ver que estima el ministerio, pero tiene que ser la ley que los regule. Lo que sí quiero dejar en claro que no me parece que el SAG reemplace al Congreso Nacional vía decreto, eso no corresponde”.

Por su parte, el senador Fidel Espinoza recalcó que “los alcaldes que han expuesto acá indican que no tienen herramientas para planificar fuera del límite urbano y eso yo creo, si alguien me corrige, es incorrecto, la Ley General de Urbanismo en su artículo 28, inciso tercero, lo faculta a hacerlo, entonces yo quisiera que precisamos esas cosas para no cometer imperfección”.

Finalizó su intervención explicando que un campesino que quiere mejorar su calidad de vida y “se ha sacado la mugre en el campo, que tiene la posibilidad de vender una o dos hectáreas para vivir mejor, con esto, es decirle a aquel señor no lo va a poder hacer y tiene que seguir viviendo en las condiciones que está. Aquí se está equivocando el rumbo”.