El proyecto de ley, aprobado en el Senado,
regula las deudas adquiridas entre el 18 de marzo del 2020 y el 31 de diciembre
del 2021 en los servicios básicos y entrega un subsidio para las familias más
vulnerables.
Los beneficiarios del prorrateo y de la ayuda
estatal, deben tener un consumo menor a 15 metros cúbicos mensuales en el caso
del agua, y no superior a 250 kWh en el caso de la electricidad.
Esta medida nace a raíz de los acuerdos entre
el gobierno y las empresas proveedoras de servicios básicos, que aseguraron que
no existan cortes del suministro durante la pandemia, permitiendo postergar los
pago y de los proyectos de ley que permitieron mantener estas disposiciones
hasta el 31 de diciembre del año pasado.
El Senador por la región de Los Lagos, Iván
Moreira, explicó que uno de los objetivos es evitar que el pago del monto
adeudado se transforme en una bicicleta de gastos.
“La pandemia no ha
terminado, y ante el alza de casos que registra nuestro país y la incertidumbre
de la variante Omicron, es que hemos aprobado en el Senado el Proyecto que ley
que permite prorratear el pago de las deudas contraídas por uso de servicios
básicos durante esta grave crisis. La idea es que quienes anteriormente se han
acogido a estos beneficios puedan tener ayuda, certeza y claridad sobre el
pago, pactándose en varias cuotas y sin ningún tipo de interés o multa. También
se aprobó un subsidio que ayudará a pagar estas deudas de agua potable y
electricidad, de tal manera que esto tampoco se transforme en una bicicleta de
gastos que a la larga termina siendo impagable para muchas familias. En este
proyecto de ley, que contó con el apoyo de todos, está destinado especialmente
a las familias más vulnerables, que han sufrido de manera muy dura los embates
de esta pandemia y que en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, es
fundamental tener la certeza que los servicios básicos no se cortarán y que el
consumo será pagado con muchas facilidades, llegando a extinguirse la deuda
luego de cuatro años”.
Las deudas contraídas serán pagadas y
divididas en 48 cuotas (4 años), las que no podrán exceder el 15% del cobro
asociado al consumo promedio de cada familia y no podrán incluir multas ni
intereses. Si pasado los 4 años, aún existe deuda, esta quedará extinta.
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