El convencional del
distrito 25, Harry Jürgensen Caesar presentó tres propuestas de normas
constitucionales para el establecimiento de la categoría jurídica de
“Maritorio” en la Nueva Carta Magna del país, la creación de una nueva
institución denominada “Defensor del Pueblo” y la implementación del sistema
“Control de mérito” en el sistema público.
“Las propuestas que
he presentado junto al apoyo de otros 11 convencionales obedecen al mandato de
la ciudadanía del distrito 25”, comentó el convencional del distrito 25, Harry
Jürgensen.
La primera propuesta
de articulado para el establecimiento del “Maritorio” como una categoría jurídica
en el país nace del diálogo constante que el ex intendente y actual
convencional ha tenido con la ciudadanía y trabajadores del mar en la Región de
Los Lagos, quienes por años han visto que este territorio carece que
regulación, aun cuando nuestro país tiene más territorio marítimo que
terrestre.
Es por ello, que
Jürgensen Caesar propuso el siguiente artículo: “El Estado de Chile reconoce la
existencia del maritorio como una categoría jurídica que, al igual que el
territorio, debe contar con regulación normativa específica, que reconozca sus
características propias en los ámbitos social, cultural, medioambiental y
económico”.
La segunda iniciativa
de norma constitucional se refiere al “Defensor del Pueblo”, en el sentido que
exista una institución que actúe frente a una omisión o acción del Estado
cuando se violen los derechos ciudadanos, como, por ejemplo, el derecho de
vivir en un ambiente libre de contaminación.
En este ámbito la
propuesta de articulado instruye específicamente que “el Defensor del Pueblo se
constituirá en un órgano colegiado autónomo e independiente, compuesto de cinco
miembros, que actuará no sujeto jerárquicamente a ninguna autoridad. Su
finalidad es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses,
tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de
la Administración del Estado y el control y vigilancia del ejercicio de las
funciones administrativas públicas, debiendo comprender la actividad de las
instituciones privadas que presten servicios públicos”.
Y la tercera propuesta
de norma constitucional ingresada corresponde al “Control de mérito” en el
sentido de entregarle el mandato a Contraloría General de la República para que
verifique el objetivo principal de cada una de las inversiones públicas para
mejorar la eficiencia y eficacia de la inversión pública y los gastos públicos,
ya que se creará una institución que revisará y verificará el cumplimiento de
los objeticos, “ya que en mis funciones públicas he visto que lamentablemente
casi el 50% de los proyectos no cumplen los objetivos principales”, acotó el
convencional.
En este sentido se
propone crear un artículo que indica: “Corresponderá a la Contraloría General
de la República implementar un sistema denominado Control de Mérito y Ejecución
Efectiva del Gasto y la Inversión de los Fondos del Fisco, de las
municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes,
debiendo examinar la efectiva consecución de los objetivos predefinidos y
perseguidos y su recta ejecución”.
Estas propuestas una
vez ingresadas pasarán a discusión en las próximas sesiones de la Convención
Constitucional.
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