Hasta hace pocos años atrás, cuando en Chile se hablaba de humedales, el
concepto quedaba algo ajeno al común de las personas. El tema de la protección
de estos ecosistemas era cosa de agrupaciones de expertos y de pocas
organizaciones ambientales distribuidas a lo largo del país, mientras tanto,
las denuncias de conductas nocivas contra estos espacios descansaban en los
escritorios de aquellas autoridades que poco conocimiento tenían al respecto y
que, poco valor le otorgaban al llamado de atención que hacían los distintos movimientos
ambientalistas.
En la actualidad y gracias al trabajo de educación que la propia
ciudadanía ha realizado, tenemos cada vez más territorios conscientes de la
importancia de estos ecosistemas, generándose en ello, redes de protección y
visibilización de los humedales en cada punto del país, cuyo trabajo ha
posibilitado la incidencia tanto en el diseño, como en la implementación de la
política pública, lo que vio sus frutos en la creación de la ley 21.202 de
Humedales Urbanos y su reglamento que entró en vigencia el 24 de noviembre de
2020. Ley que aún no alcanza a dar satisfacción completa a la necesidad de
conservación, pues solo regula humedales en el radio urbano, dejando fuera la
protección íntegra de los más de 40.000 humedales en todo el país, pero que,
sin duda gran parte de la sociedad entiende como un avance.
La ciudadanía organizada juega un rol preponderante en torno a la
visibilización, la protección y la puesta en valor de los humedales, sin ello,
el avance en la destrucción de estos vitales espacios sería tristemente mayor,
pero ¿Es únicamente la ciudadanía la responsable de generar estrategias para la
conservación de los humedales? ¿Cuánta importancia le otorga el Estado chileno
a poner en valor cada hualve, laguna, marisma, estuario, bofedal, o cada turbera?
¿Cómo es posible que, considerando que nuestro país es uno de los 18 más vulnerables
a nivel global por los efectos del Cambio Climático, aún no exista una política
pública clara que persiga la mitigación y adaptación en torno al fuerte impacto
que este tendrá sobre la escasez de agua en las comunidades?; ¿Qué se está haciendo
para proteger la seguridad alimentaria en las zonas urbanas y rurales?; ¿Cuáles
son los planes curriculares sobre educación ambiental en las escuelas públicas?;
¿Por qué no se implementan estrategias vecinales para el monitoreo y
fiscalización de malas prácticas en los espacios protegidos?, ¿Cuándo firmará
Chile el acuerdo de Escazú?... Dudas que plantean la urgencia de generar acciones
responsables, pero también rupturistas en torno a los nuevos desafíos que este
escenario nos presenta.
Por último, es de vital importancia que el epicentro del diálogo entre
el gobierno, el mundo privado y la sociedad civil se concentre también en el
modelo de desarrollo extractivo que hoy impera y que pone en riesgo los
ecosistemas hídricos en nuestro país y, con ello, cerremos el continuo debate en
torno a la duración de las duchas que tomamos a diario, porque el comparativo asimétrico
de la huella hídrica entre las personas y las industrias, será siempre un total
ridículo.
Karla Linco Acuña
Trabajadora Social
Docente IP y CFT Santo Tomás Osorno
Integrante de Colectivo Cuenca Sur y
Red
Plurinacional de Humedales de Chile
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