Cada cierto
tiempo la naturaleza parece despertar, haciéndonos sentir vulnerables, con
eventos que han marcado la historia de Chile y de nuestra Región de Los Lagos.
Y es que este
territorio y sus habitantes han sido protagonistas de hechos como el terremoto
y maremoto del 22 de mayo de 1960 o más recientemente las erupciones del volcán
Chaitén en mayo de 2008, del cordón Caulle en junio de 2011 o del volcán
Calbuco en abril de 2015.
A los
desastres socio naturales causados por sismos o volcanismo, sumamos remociones
en masa. Los aludes o corridas, como se denominan en el lenguaje popular, nos
golpean cada cierto tiempo en un área que además presenta la influencia de la
falla Liquiñe-Ofqui, un conjunto de rupturas en la corteza terrestre que
recorre más de mil 200 kilómetros de los Andes Patagónicos.
La noche del 3 de mayo de 2002 una
remoción en masa arrasó con varias viviendas en caleta Buil en la península del
Comau, dejando cinco fallecidos y 7 desaparecidos. Una década y media más
tarde, el 16 de diciembre de 2017, Villa Santa Lucía fue el escenario de una
gigantesca remoción que cobró 21 vidas, a las que se suma la del único poblador
que aún permanece desaparecido: Don Sixto Villegas Ojeda.
Es por ello
que para Chile y nuestra región resulta de vital importancia la promulgación
por parte del Presidente Sebastián Piñera de la Ley que sustituye a la Oficina
Nacional de Emergencia (Onemi) por el Servicio Nacional de Prevención y
Respuesta ante Desastres (Senapred). Una norma que se ingresó a tramitación en
2011 durante la primera administración del Presidente Piñera y que hoy reconoce
e incorpora todos los avances que se han logrado en función de las buenas
prácticas y lecciones aprendidas en esta última década por el actual Sistema Nacional
de Protección Civil. Varias de estas lecciones han sido aprendidas en este
territorio y sus particularidades.
Con esta ley
los avances serán actualizados, reforzados, estandarizados, para hacerlos
vinculantes, permitiendo alcanzar altos estándares en la gestión del riesgo de
desastres, centrados en la prevención y territorialidad. Esto tomando en cuenta
que las emergencias son dinámicas y que cada escenario tiene sus condiciones,
incluso dentro de una misma región. No es lo mismo reducir el riesgo y
responder a hechos que se registran en Puerto Montt, en Palena o en Chiloé.
La creación
del Senapred no es sólo un cambio de nombre, es una nueva y fortalecida
institucionalidad. Se trata de un servicio descentralizado, con personalidad
jurídica, patrimonio propio desconcentrado territorialmente a nivel regional y
sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del
Ministerio del Interior.
Dentro de
los avances de esta nueva Ley está la incorporación de definiciones, las fases
del ciclo de riesgo de desastre y los principios del nuevo sistema. También
define el rol del Ministerio de Defensa Nacional, la actuación de la Fuerzas
Armadas y la coordinación en Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe,
tema que sin duda ha cobrado especial vigencia en esta emergencia sanitaria por
Covid19.
El texto
establece Comités de Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) como estructura de
coordinación en la fase de mitigación y preparación, y en fase de respuesta y
recuperación; junto con un sistema de comunicaciones integrada y robusta que deberá
mantener la comunicación con los organismos técnicos responsables de vigilar
las amenazas.
Además,
entre otros avances, se validan las acciones del actual Sistema de Alerta
Temprana y su integración con los organismos técnicos, incorporando el Sistema
Nacional de Comunicaciones y el Perímetro de Seguridad, orientado a difundir
información de alerta en forma oportuna.
Por
Luis Toledo Mora
Seremi de Gobierno de la Región de Los Lagos
Máster en Protección Civil y Gestión de Emergencias
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