Luego de conocerse la resolución de la superintendencia de servicios sanitarios que fijó una multa superior a mil 600 millones de pesos, pero no caducó la concesión la empresa por el masivo corte de agua que afectó a Osorno durante 2019, el parlamentario por la región de Los Lagos mostró su malestar por esta medida, ya que esperaba que la sanción marcara un precedente para las demás empresas encargadas de producir y distribuir el agua potable.

A juicio de la SISS no se considera necesario caducar la concesión, ya que Essal vendió anteriormente la concesión de Osorno y los nuevos dueños han cumplidos las exigencias del órgano fiscalizador.

Si bien Moreira dijo entender la medida, esperaba la caducidad, asegurando que los nuevos dueños de la sanitaria deben cambiar el nombre a Essal, ya que está manchado con un historial de negligencias.

“Podemos entender las explicaciones del fallo, pero no lo comparto. Hubiese sido mucho más potente para todas las empresas sanitarias del país, que se le hubiese caducado la concesión a Essal. La multa de mil 700 millones es importante, pero de ninguna manera aminora el daño y haber puesto en riesgo la salud de los habitantes de Osorno. La nueva empresa tiene la responsabilidad de dejar atrás una historia que está manchada por negligencias, sabemos que es una empresa canadiense que lo que primero debiera hacer, es cambiarle el nombre por respeto a los ciudadanos de Osorno. De tal manera que el gobierno y la superintendencia tendrán que ser mucho más severos en el futuro, cuando se trate de negligencias e irresponsabilidades como la que ocurrió hace algunos años atrás en Osorno y que finalmente fue sancionada la empresa”.

La resolución de la superintendencia de servicios sanitarios acreditó los 9 cargos que se imputaban a Essal, entre los que destacan el poner en riesgo la salud de la población y entregar información manifiestamente errónea.

La multa de mil 600 millones de pesos es adicional a los casi 6 mil millones que la sanitaria tuvo pagar por compensaciones a los consumidores, convirtiéndose en la sanción más alta impuesta a un concesionario de este tipo.