El Gobernador de Osorno, Mario Bello, señaló como un gran paso la presentación de un proyecto de Ley por parte del Presidente Sebastián Piñera, y que apunta a crear un nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.

 

Según explicó la autoridad, la iniciativa busca darle un correcto y oportuno acceso a la justicia de todas las personas, unificando en un mismo servicio a las distintas Corporaciones de Asistencia Judicial y creando la Defensoría de Víctimas de Delitos.

 

“Nuestro Gobierno continúa trabajando fuertemente para brindar acceso a la justicia a todos. Este nuevo Servicio Nacional propone unificar, en un solo servicio, toda la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía, incluyendo las cuatro corporaciones de asistencia judicial existentes, los programas especializados como “Mi Abogado” (para niños y adolescentes) o Defensa Integral de Adulto Mayor, y el Programa de Apoyo de Víctimas del Ministerio del Interior”, detalló el Gobernador.

 

La creación de la Defensoría de Víctimas de Delitos busca defender los derechos de las víctimas, representándolos  jurídicamente y otorgándoles asistencia psicológica y social. El servicio se prestará de forma universal a personas naturales, por todo tipo de delitos, pero con especial foco en aquellos contra la vida e integridad física o psíquica, la libertad y la integridad sexual.

 

Finalmente la creación del Consejo Nacional de Acceso a la Justicia se crea para contar con un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, cuyo objetivo principal es generar nuevos lineamientos y acciones en materia de acceso a la justicia.

 

Según destacó el Gobernador de Osorno, con esta presentación de proyecto de ley, se busca constituir una instancia intersectorial que  asesore en la definición de objetivos estratégicos y constatación de sus resultados tanto a nivel nacional como regional. Agregó que es una muy buena iniciativa, porque hoy la asistencia jurídica que presta el Estado de forma gratuita está dispersa en diversos órganos y con distintos énfasis.

 

“Este nuevo proyecto busca unificar la oferta pública en materia de defensa jurídica  para la ciudadanía, con la idea de que este nueva institución preste servicios en materia civil, laboral, de familia y penal a través de la Defensoría de Víctimas y considerará una línea de derechos humanos para asesorar y representar también a personas cuyos derechos han sido vulnerados”, sentenció.