El diputado Alejandro Santana, junto a la
bancada RN solicitó al Ejecutivo aplazar la puesta en marcha de la boleta
electrónica en el comercio -cuyo inicio está fechado para el 1 de enero-.
Esto, ya que, a juicio de Santana, en el
contexto actual es imperativo entregar herramientas de apoyo a las pymes y
microempresarios, generando nuevas oportunidades de financiamiento que busquen
proteger la actividad económica y la generación de empleos, y no obstaculizar
aún más el ya complicado escenario que han debido afrontar producto de la
Pandemia.
En ese sentido, el legislador señaló que a
pocos días de la fecha límite aún existe incertidumbre respecto a la aplicación
de esta norma, a pesar de que este punto se debatió durante la tramitación de
la Ley Tributaria Covid.
“Estamos en una situación compleja en lo
económico; muchos emprendimientos están luchando por sobrevivir y otros tantos
recién están comenzando a abrir sus puertas bajo la amenaza latente de tener
que volver a cerrar si los niveles de contagio se disparan. Exigir el uso de
boleta electrónica ahora es ponerle un obstáculo extra a quienes ya lo han
pasado bastante mal. Creo que no es el momento adecuado y lo más sensato es
solicitar al Ejecutivo una postergación de al menos 24 meses”.
La idea, complementó Santana, es que esta
exigencia momentáneamente sea opcional para contribuyentes menores,
implementando la norma gradualmente en base al volumen de ventas, eximiendo a
la tercera edad.
Además de ello, enfatizó en los problemas de
conexión que afectan a algunos sectores de la Región de Los Lagos que
dificultan la aplicación de la norma: “Conocemos de cerca las dificultades que
registran algunas zonas, especialmente rurales, para acceder a una conexión de
internet medianamente estable. Es una realidad que no podemos pasar por alto”, subrayó.
Finalmente, el diputado expresó que “esta
normativa es necesaria desde el punto de vista de la recaudación fiscal, proyectada
en 300 millones de dólares, pero también debemos poner en contexto el escenario
actual que atraviesan las pymes, y que ha sido una prioridad del Gobierno,
buscando nuevas alternativas de financiamiento e intentando aliviar la pesada
mochila que cargan. Creemos que ese es el sentido en que deberíamos avanzar,
postergando esta obligación”, puntualizó.
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