Con el fin
de analizar la insuficiente destinación de recursos para la región de Los Lagos
dentro de la Ley de Presupuesto Nacional 2021, parlamentarios y consejeros
regionales se reunieron vía teleconferencia durante esta jornada, ocasión en la
que el representante de la provincia de Osorno, Francisco Reyes, llamó los
legisladores a defender mucho más al territorio y no quedarse sólo en
declaraciones de buenas intenciones, que
parecieran ser insuficientes en el actual contexto.
La propuesta
del gobierno es poco menos de 92 mil millones de pesos, incluyendo un 65 por
ciento de obras de arrastre de años anteriores. Con ello, el saldo para
proyectos actualmente en fase de licitación se queda sólo en un 19 por ciento,
mientras que para nuevas iniciativas llega apenas al 16 por ciento.
“Estamos
discutiendo sobre migajas”, enfatizó el core socialista, haciendo ver que tras
el estallido social y la pandemia del coronavirus, el Consejo Regional debió
hacerse cargo de todo lo que no ha hecho el gobierno central y los ministerios
con sus abultados presupuestos, financiando desde la compra de carros
policiales hasta ayuda social, disminuyendo para ello recursos para partidas
también muy importantes para el territorio.
Por eso es
que Francisco Reyes insistió en su llamado a los parlamentarios a pasar de las
declaraciones de buenas intenciones en reuniones internas, a la defensa directa de la región en la
discusión de la Ley de Presupuesto, que debe quedar sanjada a fines de este
mes.
Más aun
pensando en los efectos de la crisis sanitaria que vive el país por efecto del
Coronavirus, lo cual sin dudas tendrá efectos serios este 2021, sobre todo en
materia económica y para lo cual se necesitan regiones fuertes en materia de
financiamiento, pues de seguro tendrán que hacerse cargo de aquello que no hace
el gobierno central.
En su
llamado a los parlamentarios de la región para que la defiendan en la discusión
de la Ley de Presupuesto para el 2021, el consejero regional Francisco Reyes
también incluyó a los impuestos
regionales y una posible ley que los regule, afirmando que no se observa con
fuerza en sus agendas ni es sus discursos, cuando son absolutamente necesarios
para una efectiva descentralización.
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