Ataque debe ser penalizado con cárcel, por la gravedad que implica atentar contra personal de salud en tiempos de pandemia, recalcó el congresista.
“Como parlamentario, manifiesto mi total apoyo al equipo del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) de Osorno, que recientemente fue víctima de una cobarde agresión, mientras realizaba el operativo de traslado de un paciente en el sector de Rahue Alto”, expresa el diputado Javier Hernández, refiriéndose a un hecho que no ha pasado desapercibido en la sociedad local y regional, por la gravedad que representa el atropello a funcionarios de salud en tiempos de pandemia.

Detalla el legislador que “los funcionarios de la salud son los principales actores frente a la contención de la propagación del Covid-19, y quienes están en la primerísima línea, salvando vidas humanas, arriesgado su salud y la de sus familias. Por lo mismo, me parece insólito e impresentable que mientras un equipo del SAMU fuera a trasladar a una paciente que se encontraba postrada, tres sujetos, con el rostro cubierto, se acercaron y los atacaron”, y remarca que uno de los involucrados portaba una picota e intentó abrir las puertas posteriores de la ambulancia para perpetrar el robo.

Cabe recordar que el martes 19 de noviembre del 2019 la Cámara de Diputados aprobó por gran mayoría el proyecto de ley que modificó el Código Penal y que estableció un tipo especial de sanciones en contra de quienes cometan agresiones a profesionales de la Salud y la Educación. Las penas, ahora, pueden fluctuar entre los 541 días a 10 años de presidio dependiendo la lesión.

Hernández dijo apoyar firmemente la acción judicial que interpondrá el Servicio de Salud de Osorno ante el Juzgado de Garantía Local, para que se inicie la investigación de los hechos. “Espero de corazón que la justicia encuentre a los responsables de este delito de robo con fuerza e intimidación, y de daños al bien público”, enfatizó.

El parlamentario de la Región de Los Lagos deposita su confianza en que la justicia sancione con cárcel las agresiones a profesionales de la Salud y Educación, ya que “como ciudadanos no podemos permitir que en época de pandemia los funcionarios (especialmente de la Salud), además de arriesgar sus vidas, sean víctimas de delincuentes inescrupulosos, menos en los sensibles momentos que vive la zona y todo el país”.